· El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha registrado hoy una quincena de alegaciones a la norma municipal acordada en el Pleno del pasado 13 de diciembre de 2022 y que permanecerá en período de exposición pública, hasta el próximo jueves, 16 de febrero.
· Los populares no están de acuerdo con la dimensión de la ZBE propuesta por el equipo de Gobierno por razones de índole jurídico, técnico y medioambiental, y porque el documento no cumple con las exigencias del Real Decreto 1052/2022 por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, aprobado el 27 de diciembre.
13 de febrero de 2023
“El Grupo Municipal Popular no está de acuerdo con imponer medidas estandarizadas, sin ofrecer alternativas y que consistan únicamente en restringir derechos a los ciudadanos”. Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Núñez, en el transcurso de su intervención para explicar los motivos que han llevado a los populares a registrar hoy una quincena de alegaciones a la Ordenanza por la que se crea una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Valladolid, aprobada en el Pleno del pasado 13 de diciembre de 2022, y que permanecerá hasta el próximo jueves, 16 de febrero, en período de exposición pública.
“Entendemos que la implantación de esta ZBE es una imposición derivada de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pero no estamos de acuerdo ni con el procedimiento para determinar su superficie, ni con la dimensión final que ha propuesto para ella el equipo de Gobierno, por razones de índole jurídico, técnico y medioambiental, y porque el documento que pretende habilitar la ZBE tampoco cumple con los requisitos mínimos contemplados en el Real Decreto 1052/2022 aprobado el 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. De hecho, la aprobación inicial de la Ordenanza municipal se llevó a cabo de forma imprudente, puesto que tuvo lugar varios días antes de que el Real Decreto viese la luz y, por lo tanto, cuando todavía no existía desarrollo reglamentario de la citada Ley”, aclara Núñez.
Por lo tanto, las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Popular tienen como objetivo principal “paralizar la tramitación actual de la Ordenanza que regula la ZBE y rehacerla. Es decir, que se inicie un nuevo procedimiento para determinar una ZBE que respete las directrices y recomendaciones de la Ley de Cambio Climático y el Real Decreto, ya que la norma municipal que quiere aprobar el equipo de Gobierno no lo hace, pero, sobre todo, que garantice a cualquier ciudadano el acceso a un sistema de movilidad justo, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, que favorezca la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales, atienda a las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y preste una atención especial a los supuestos de movilidad obligada”, señala la portavoz del Grupo Municipal Popular.
En lo que respecta a la delimitación del área proyectada como ZBE, fijada en el artículo 8 de la actual Ordenanza sobre una superficie de 3,1 km2, “no responde a criterios científico-técnicos, ni económicos; más bien es fruto de un arbitrario y viciado proyecto de elaboración irresponsable, porque no cuenta con ningún informe que la avale”. Dicha delimitación proviene del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Ciudad de Valladolid, que planteaba en primera instancia una superficie de 1,4 km2, pero sin embargo tras ser sometido a exposición pública, “sin motivación razonada ni razonable”, pasó a contemplar una ZBE que se incrementaba en más del doble la inicialmente propuesta.
“Se pretende dar de paso una ZBE de 3,1 km2, que no contiene los requisitos mínimos necesarios para su determinación y aprobación, ni los informes preceptivos; sin haber estudiado de forma previa el impacto que supondrá en el tráfico y en la movilidad de la ciudad, ni los importantes efectos económicos que tendrá en la actividad económica de la hostelería, el comercio y todo tipo de negocios que se encuentran dentro del área delimitada por la ZBE, por las restricciones al tráfico que se pretenden imponer para los vehículos privados”, señala Irene Núñez.
La portavoz del Grupo Municipal Popular concluye que “a pesar de que el establecimiento de la ZBE es un mandato legal ineludible es necesario basarse en datos objetivos y rigurosos para su implantación, de manera que cumpla con la legalidad y reduzca al mínimo los posibles efectos negativos que pueda tener en nuestra ciudad sobre la generación de empleo, riqueza, actividad productiva, hostelera y comercial. En el caso de que el alcalde, Óscar Puente, no paralice la tramitación actual de la Ordenanza que regulará la ZBE seremos testigo de una nueva chapuza en la gestión del equipo de Gobierno, puesto que el documento, tal y como está redactado, además de no cumplir con la normativa vigente al respecto sólo obedece a criterios subjetivos y arbitrarios, dejando de lado la participación y el consenso con el que deben contar este tipo de normas que afectan de manera tan sustancial al futuro de nuestra ciudad”.