La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula por segunda vez la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid y su Entorno para los servicios de transporte público de viajeros en autotaxiaprobada en el año 2020 en sesión Plenaria, después de que fuese también declarada nula la anterior en noviembre de 2019, admitiendo así el recurso de los demandantes y condenando al Ayuntamiento de Valladolid a asumir las costas del proceso, que saldrán del bolsillo de todos los vallisoletanos.
Valladolid, 29 de julio de 2022. “El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha recibido un nuevo varapalo judicial, que evidencia una vez más que tanto él como el equipo de Gobierno hacen las cosas mal y no trabajan lo suficiente”. Así de rotunda se ha mostrado la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, tras conocer el contenido de la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declarando nula por segunda vez la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid y su Entornopara los servicios de transporte público de viajeros en autotaxiaprobada en 2020 tras la anulación de la anterior en noviembre de 2019.
“Es un asunto muy serio. La Justicia ha tumbado de nuevo la Ordenanza Reguladora del Funcionamiento del Taxi en Valladolid y su Entorno, declarando su “nulidad radical”, debido a no ser conforme a derecho”, ha señalado Del Olmo, quien ha explicado que la sentencia se basa para ello en que “faltan los requisitos de audiencia a los ayuntamientos integrantes del área territorial de prestación conjunta de Valladolid y su entorno, para los servicios de transportes públicos de viajeros en taxi, y la preceptiva consulta a las asociaciones u órganos de representación de las personas con discapacidad, que exige la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León”.
Cabe recordar que ya en 2019 este mismo Tribunal declaró de igual forma la nulidad de esta Ordenanza por similares motivos: no ser conforme a derecho, por carecer del informe preceptivo del Consejo de Transportes de Castilla y León sobre la puesta en marcha de la misma.Por aquel entonces, al igual que ha ocurrido con el Plan de Movilidad, “se le ocurrió al concejal Luis Vélez parchear el texto de la Ordenanza para ajustarlo a la legalidad, y lejos de conseguirlo ha obtenido otro varapalo judicial con condena en costas, que tendrán que asumir todos los vallisoletanos”.“En definitiva”, ha apuntado la presidenta del Grupo Popular, “chapuza, tras chapuza, que no da seguridad a los ciudadanos, y menos a los taxistas y usuarios de este tipo de transporte”.
“Es obvio que el Área de Movilidad del Ayuntamiento hace aguas, y que el alcalde no sólo atasca a los vecinos, sino que tiene atascada también a la Justicia.No podemos estar todos los días en los Tribunales, perdiendo y con condena en costas, porque esto lo pagamos todos los vecinos de Valladolid”, ha dicho Del Olmo, quien ha recordado que “esto ya ocurrió en el pasado mes de junio cuando también el propio TSJ echó para atrás el Plan de In-Movilidad del Ayuntamiento, por lo mismo: “nulidad radical”, por ser disconforme con el Ordenamiento Jurídico”.
La presidenta del Grupo Municipal Popular considera que “esta continua serie de varapalos judiciales evidencia una falta de trabajo y acierto por parte del alcalde y su equipo, despreocupado por Valladolid y sus vecinos y más preocupado por mantener el bastón de mando”. Además, recuerda que “el presidente de la Mancomunidad de Interés General (MIG) es Óscar Puente como alcalde de Valladolid, y prometió impulsar este instrumento para favorecer el transporte metropolitano, especialmente los servicios públicos como el taxi y el autobús. Esto demuestra que su presidencia es irrelevante. No ha impulsado la convocatoria de la MIG y ninguna comisión de trabajo, en este sentido, perjudicando su avance y prestación de servicios a los vecinos”.