Desde el inicio del presente mandato, el Grupo Municipal Popular solicitó que la Comisión de Vigilancia y Control estudiase y analizase el expediente del aparcamiento de la Plaza Mayor. Nada más dar los primeros pasos, detectamos claras irregularidades e incluso algunas ilegalidades en el mencionado expediente, lo que nos obligó a informar al Ayuntamiento Pleno de que teníamos la voluntad de trasladar el mencionado expediente al Tribunal de Cuentas del Reino de España.
Sea por esta circunstancia o por cualquier otra, el Gobierno municipal (que creó una Comisión político-técnica en la que el Grupo Municipal Popular decidió no participar) adoptó el acuerdo en Junta de Gobierno de fecha 10 de marzo de 2021 de fijar como fecha final de la concesión el 4 de octubre de 2021, dando así ejecución al mandato del Pleno del Ayuntamiento de diciembre de 1989.
Ante esta situación, la concesionaria interpuso recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo, solicitando como medida cautelar la suspensión del acuerdo por manifiesta nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo) por la omisión de un trámite esencial, cual era el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Posiblemente sea una de las escasas ocasiones en las que un Ayuntamiento ha tenido que solicitar dos dictámenes casi consecutivos al Consejo Consultivo de Castilla y León desde la creación de la citada institución.
No parece el momento adecuado en esta exposición entrar a pormenorizar sobre los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo (que no entran en el fondo del asunto, pero sí declaran la caducidad del expediente y reconocen el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por el cierre del aparcamiento), pero de su lectura estamos convencidos de que tienen que hacer sonrojar a los responsables políticos que solicitaron los mismos.
La situación a día de hoy no puede ser más irregular: tras la revocación del acuerdo de 10 de marzo de 2021, no hay fijada fecha de finalización de la concesión; el expediente, según el Consejo Consultivo, está caducado y ha de reconocerse el derecho de la empresa concesionaria a ser indemnizada de los perjuicios sufridos por el cierre del aparcamiento.
Por todo ello, y una vez conocidos los dos dictámenes del Consejo Consultivo, así como el despacho extraordinario 8.11 de la Junta de Gobierno de 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar mayores costes para los vallisoletanos derivados de procesos judiciales, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 9 de noviembre de 2021 para su consideración la siguiente:
MOCIÓN
- Instar al Gobierno municipal a iniciar de forma inmediata las conversaciones y negociaciones necesarias con la empresa concesionaria para dar respuesta al mandato del Pleno de 29 de diciembre de 1989 para fijar plazo único de la concesión de las dos plantas del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor, tramitándose el correspondiente expediente sin efectos retroactivos, con el fin de evitar gastos derivados de procedimientos judiciales.
- Instar al Gobierno municipal a calcular la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de la suspensión temporal parcial de la concesión en lo que respecta a la explotación del aparcamiento durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2018 y el 4 de agosto de 2019, ambos incluidos, por la realización de obras de construcción de los nuevos accesos, tal y como recoge el segundo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León con número de referencia 344/2021.
Valladolid, 3 de noviembre de 2021
Pilar del Olmo Moro
Presidenta del Grupo Municipal Popular