La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en su artículo 45, establece que son competentes en materia de servicios sociales la Comunidad de Castilla y León, los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias que ejercerán sus competencias en los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes.
La articulación de la financiación de los servicios sociales se realiza a través del Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales Básicas que hayan de llevarse a cabo por entidades locales.
El Acuerdo Marco fija la cuantía que la Comunidad Autónoma transfiere al Ayuntamiento de Valladolid para los Servicios Sociales estableciendo los servicios que se financian y el porcentaje de cofinanciación que asume Junta y Ayuntamiento en cada uno de ellos.
La materialización del Acuerdo Marco, como su propio nombre indica, se realiza mediante la suscripción de un acuerdo que firman el alcalde y la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
El acuerdo marco vigente establece la financiación y las condiciones para los años 2020 a 2023. En el momento de su firma, en febrero de 2020, el alcalde de Valladolid anunció que se estaba planteando la vía judicial contra la Junta de Castilla y León porque entendía que la financiación de la Junta de Castilla y León no cumplía con las aportaciones que le correspondían según la Ley de Servicios Sociales, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de Valladolid.
En los últimos meses la Junta de Castilla y León ha mantenido contactos con las Corporaciones Locales de la Comunidad con el objetivo de modificar el Acuerdo Marco suscrito.
El 21 de noviembre, fecha en que el alcalde ya conocía los términos de modificación del acuerdo marco, reiteró que no descartaba acudir a los tribunales por considerar que la aportación de la Junta no cumplía con lo que preveía la legislación.
En la Junta de Gobierno municipal celebrada el miércoles 30 de noviembre se ha aprobado la adenda 2022 al Acuerdo Marco entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales para los años 2020-2023. La concejala de Servicios Sociales ha declarado que el incremento “se queda corto” para alcanzar los niveles de aportación que el equipo de gobierno está reclamando a la Junta para cumplir con la normativa.
Tras la aprobación por la Junta de Gobierno de la adenda, si el alcalde está conforme con el contenido, se suscribe un convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El convenio, como todo acuerdo, tiene carácter voluntario y manifiesta que ambas partes están conformes con el contenido.
A tenor de las declaraciones realizadas el 21 de noviembre es evidente que el alcalde considera que la cofinanciación de la Junta no cumple con la normativa. Si efectivamente esto es así el alcalde no puede prestarse a firmar un convenio que perjudica a los intereses de los ciudadanos de Valladolid e incumple la legislación en materia de servicios sociales.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del Olmo Moro, presenta al Pleno ordinario de 13 de diciembre de 2022 para su consideración la siguiente:
MOCIÓN
Se insta al alcalde de Valladolid a no firmar la adenda 2022 al Acuerdo Marco para la financiación de los Equipos de Acción social Básica y prestaciones y programas de Servicios Sociales si considera que no cumple con la normativa de Servicios Sociales y además perjudica a los ciudadanos de Valladolid.
Valladolid, a 2 de diciembre de 2022
Mª Pilar del Olmo Moro
Presidenta del Grupo Municipal Popular