El pasado 19 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó, por la mínima que exige la mayoría absoluta para un proyecto de ley orgánica (un solo voto de diferencia), el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá.
A partir de ahora, pasará al Senado para completar su tramitación y aprobación definitiva o en caso de que sufra alguna modificación o cambio en el texto deberá volver al Congreso de los Diputados para su aprobación. Cuando esto ocurra, la Ley Celaá se convertirá en la octava ley educativa de la Democracia y regulará la enseñanza de más de ocho millones de alumnos de los niveles no universitarios.
España, en las últimas cuatro décadas, ha tenido que soportar una ley educativa cada cinco años y nuestros resultados del sistema de enseñanza, lejos de mejorar, están empeorando.
La educación es un principio fundamental para la prosperidad de cualquier país, por eso debería ser fruto de un amplio consenso político y social para conseguir que se mantuviese en el tiempo y no fuese fruto de cambios cada vez que se produce una alternancia en el Gobierno.
El proyecto Celaá introduce profundos cambios en nuestro modelo educativo, algunos de especial importancia para nuestra Comunidad Autónoma y nuestra ciudad. Por ejemplo, el castellano deja de ser lengua vehicular de la enseñanza. Valladolid está profundamente vinculada a los hitos del camino de la lengua castellana (700 kilómetros que concentran once siglos de historia en los que el castellano es protagonista). En 1494, con la fundación del colegio de Santa Cruz por el Cardenal Mendoza, el castellano se convierte, en nuestra ciudad, en el elemento vehicular del saber. Desde entonces, Valladolid ha jugado un papel determinante en la depuración y difusión del castellano. Así lo proclamaron a todo el mundo, cohesionado por la lengua castellana, los premios Cervantes, académicos e historiadores en el Documento de Valladolid que, entre otras cosas, anima a preservar la riqueza de nuestro idioma como elemento de cohesión territorial, académico y económico.
Por otro lado, nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo cuarto, reconoce la lengua castellana como uno de los valores esenciales de nuestra identidad y exige a todas las Administraciones su especial protección y apoyo.
Así mismo, se rebajan los niveles de exigencia al poder promocionar suspendiendo, cuestión esta que no deberíamos aceptar en nuestro territorio, a la luz de los distintos informes PISA y los magníficos resultados que obtienen nuestros alumnos y profesores que nos sitúan entre los 15 mejores del mundo en equidad y calidad según los informes trimestrales de la OCDE. En estos datos destaca Valladolid capital, ya que, según los últimos estudios, la media de alumnos absentistas es de 1,7 % de todos los escolarizados frente al 5 % de España, el 7 % de la Unión Europea y el 8 % del promedio de la OCDE.
Además, Valladolid tiene una vinculación histórica con los centros de educación especial impulsados por las entidades y organizaciones del tercer sector. Fruto del esfuerzo de la sociedad civil (Asprona, San Juan de Dios, El Corro, etc.) están unidos al pasado y al presente de nuestra ciudad y siempre han contado con la colaboración municipal.
Por último, en distintas ocasiones del último mandato, el Ayuntamiento pleno ha debatido diferentes mociones sobre el modelo educativo nacional aprobando resoluciones dirigidas, entre otros, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a la Junta de Castilla y León.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 1 de diciembre de 2020 para su consideración la siguiente:
MOCIÓN
- El Ayuntamiento de Valladolid se manifiesta contrario al proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, aprobada en el último pleno del Congreso de los Diputados, por las siguientes razones:
- Ignorar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León que reconoce en su artículo 4 a la lengua castellana como valor esencial para la identidad de Castilla y León y que debe ser objeto de especial protección y apoyo por todas las Administraciones.
- El detrimento que supone sobre el derecho constitucional que asiste a los padres para elegir la educación en valores de sus hijos según recoge el artículo 27.3 de la Constitución.
- Desviarse de la protección del derecho de todos los españoles a usar y conocer el castellano como lengua oficial del Estado, que reconoce el artículo 3.1 de la Constitución.
- Limitar competencias municipales en lo relativo a los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
- El detrimento que supone para la educación concertada.
- El detrimento que supone para la educación especial.
- Ser contraria al artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que recoge “los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Senado.
Valladolid, 25 de noviembre de 2020
Pilar del Olmo Moro
Presidenta del Grupo Municipal Popular