En junio de 2018 Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno de España, desde ese momento, la política desplegada por el Gobierno no beneficia en absoluto a la ciudad de Valladolid, al contrario, sus acciones perjudican a esta ciudad y su desarrollo social y económico.
La pandemia está suponiendo no solo un freno en los avances en materia económica y social, sino un retroceso notable en los niveles de crecimiento. Los fondos Next Generation UE en España suponen una oportunidad para conseguir la ansiada recuperación de España. Más de un año después de aprobarse el Plan Europeo de Recuperación, se puede concluir que no hay ninguna fuente oficial que, de manera centralizada, recoja los datos integrados y detallados respecto a la ejecución de los fondos como sí que ocurre en otros países. El Gobierno, en un ejercicio de opacidad, no facilita el dato de ejecución, que según los expertos reflejarían que se han podido adjudicar 2.500 millones de los 27.000 millones anunciados por el Presidente del Gobierno. Lo que sí que conocemos es el desigual y arbitrario reparto: 2.000 millones en ayudas directas al margen de las conferencias sectoriales. Primer año de fondos, primer año de fiasco: la ejecución efectiva en España no llegó a ser del 10 %.
No solo es que el Gobierno de España perjudique con su práctica política los intereses de esta ciudad, sino que, además, lejos de tener un equipo de Gobierno en el Ayuntamiento que reclame porque se cumplan sus demandas, se dedica a adquirir patrimonio para regalárselo a la Administración central. Una operación que dista mucho de no tener coste alguno para los vecinos de Valladolid, pues se han desembolsado más de 6,8 millones de euros en la adquisición del antiguo colegio de El Salvador a cambio de nada, ni inversión en el proyecto de Ciudad de la Justicia, ni inversión en mejorar los servicios del Ministerio, con unos juzgados saturados y a los que no llegan las inversiones prometidas en medios y recursos.
Especialmente preocupante es la deriva del Gobierno de España en el planteamiento, desarrollo y aplicación de medidas que inciden directamente en un sector tan importante para esta ciudad como es el de la automoción. Ante el desplome de ventas de vehículos, el Gobierno de Sánchez ha optado por aplicar medidas que alejan el consumo: comprar un coche es hoy 1.200 euros más caro que hace un año, por el incremento de los impuestos que los gravan. Además, anuncian y se ponen en marcha medidas como gravar el uso de todas las vías de la red nacional de alta capacidad, como autovías, autopistas, carreteras nacionales y regionales; incrementar el impuesto sobre las primas de seguros o el incremento en el impuesto sobre matriculación. Estos hechos, junto con otros, unidos al sometimiento de las principales empresas del sector a una incertidumbre sin comparación en el proceso de progresiva descarbonización del parque y el despegue de la movilidad de cero o bajas emisiones, está generando una tormenta perfecta para que una industria en la que España siempre ha sido referente y potencia mundial, vea ahora peligrar su liderazgo por la falta de consonancia y apego a la realidad de las erráticas políticas del Gobierno.
La escalada incesante de los precios de los suministros de bienes básicos como es el de la energía eléctrica, el gas o los carburantes está repercutiendo en toda la cadena productiva hasta alcanzar unos niveles de inflación desconocidos desde hace más de 30 años. Mientras, el Gobierno de España asiste como mero espectador ante el deterioro económico que están sufriendo los ciudadanos.
Ser autónomo es, en la España de Sánchez, una carrera de obstáculos a la que en breve sumaremos uno nuevo: la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que contempla un incremento del 21 % en las cotizaciones frente a la disminución en las mismas que afectaría solo a un 5 % de cotizantes. Ser trabajador por cuenta propia es más caro en España que en el resto de la Unión Europea.
Todos recordamos las siguientes frases del Presidente: “hemos vencido al virus”, “saldremos más fuertes de esta crisis”, “no vamos a dejar a nadie atrás”, pero la realidad es tozuda: la economía española es la más rezagada de la UE en la recuperación de la pandemia, es la que mayor tasa de paro registra de entre las economías avanzadas (España es el país con más desempleo de los 38 que integran la OCDE, con una tasa de paro del 14,1 %) y, por si no fuera suficiente, en los últimos meses aparece un elemento adicional de incertidumbre, como es el fuerte repunte de la inflación, la renta real disminuye y pagamos más por todos los bienes y servicios que consumimos. Ante la delicada situación económica, el Gobierno de Sánchez ha optado por la aplicación de políticas que ahondan el problema y que, en economías con sectores estratégicos como los presentes en Valladolid, son especialmente gravosas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 1 de febrero de 2022 para su consideración la siguiente:
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Valladolid censura la acción del Presidente del Gobierno de España por su nefasta gestión y su negativa repercusión en el progreso socio económico de esta ciudad.
Valladolid, 26 de enero de 2022
Pilar del Olmo Moro
Presidenta del Grupo Municipal Popular