Moción institucional para permitir a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León el compromiso para transferir los recursos económicos extraordinarios a los ayuntamientos

La Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos sino nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta pandemia mundial nos puede conducir a una crisis socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así será.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) contempla dos posibles escenarios, ambos con apertura económica a mediados de mayo -lo que es optimista, conforme a los diferentes ritmos o fases de desescalada de las diferentes Comunidades Autónomas y a los planes del Gobierno de España– uno, sin que sea necesario volver a confinar un mes más a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro en el que haya que añadir más tiempo de confinamiento en septiembre de producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario 2).

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los casos, contempla una caída en
2020 similar a la del Gobierno, pero en su escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante, limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 de los casos, un punto menos que la previsión del Gobierno, que en el escenario 1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

El último día de abril, el Gobierno de España enviaba a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde la ministra Calviño afirmaba que “España crecía de manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”. Como es obvio, estos datos no recogen los primeros
efectos de la pandemia.

Actualmente nos encontramos con una situación económica que podría generar un mayor número de parados al previsto por el Gobierno de España, que dejaría la tasa de paro en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021. Esto, a su vez, redundaría en que habría de incurrirse en un mayor gasto social que la
economía española tendría difícil acometer. La realidad, según muchos expertos, es que el paro podría superar el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. Sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a nuestra sociedad con medidas efectivas. Los ayuntamientos son las instituciones más
cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población. El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y, como tal, debe respetar el Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, así como el Artículo 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios.”

El carácter complejo del Estado español, conforme a las previsiones establecidas en nuestra Constitución, obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual, en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 1981, (F.J. 3) ha afirmado: «Ante todo, resulta claro que la autonomía referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local en cuanto derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: «..sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que
hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos.» Por lo cual, el Gobierno de España debe hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19.

Mediante el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de
los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. Sin embargo, y asumiendo el contexto actual, este Real Decreto-Ley deja muchas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los Ayuntamientos. Se puede destinar a gastos sociales asociados a la COVID-19 el 20% del remanente de superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la FEMP, la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra la COVID-19 no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización de la regla de gasto.

Asimismo, el temor añadido de los alcaldes es que el Gobierno pueda disponer de alguna manera de la totalidad o de parte de los recursos económicos o fiscales de los que disponen los ayuntamientos. Tanto es así, que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son, por ejemplo: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón.

A la vista de esta situación, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Cs y el Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra y el Grupo Municipal Vox instan al Ayuntamiento de Valladolid a la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero.- Solicitar al Gobierno de España a que concrete la cantidad del Fondo destinado al impulso de la recuperación social y económica, los criterios del reparto y los plazos del mismo.

Segundo.- Solicitar a la Junta de Castilla y León que concrete la cantidad del Fondo económico adicional y extraordinario para que las entidades locales puedan hacer frente a los gastos derivados de la pandemia que el Presidente anunció el día 20 de mayo en la conferencia celebrada con los alcaldes y
presidentes de las diputaciones provinciales.

Tercero.- Adherirnos a los acuerdos de la FEMP para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las actuaciones consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones Públicas.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León.

En Valladolid, a 3 de junio de 2020

Grupo Municipal Popular
Portavoz Pilar del Olmo

Grupo Municipal Socialista
Portavoz Pedro Herrero

Grupo Municipal Ciudadanos
Portavoz Martín J. Fernández

Grupo Municipal VTLP
Portavoz María Sánchez

Grupo Municipal Vox
Portavoz Javier García Bartolomé