· Los populares afirman que la salida de Álvaro Fernández Heredia de la Gerencia de Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. se traduce en el “homenaje económico de despedida” que le ha dispensado Óscar Puente y en un “cúmulo de engaños”, tanto por parte del concejal de Movilidad como de quien hasta hace unas semanas se situaba al frente de la Gerencia de la Sociedad y dijo abandonarla de forma voluntaria, por motivos personales, para integrarse después en una candidatura municipal de izquierdas en la ciudad de Madrid.
20 de abril de 2023
A petición del Grupo Municipal Popular, y con el apoyo de los consejeros representantes de los Grupos Municipales Vox y Ciudadanos en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (Auvasa), hoy ha sido incluido en el orden del día del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal la revocación de un punto aprobado en la sesión ordinaria del pasado 30 de marzo, con el fin de reclamar que la indemnización percibida por el exgerente de Auvasa, D. Álvaro Fernández Heredia, concedida con el beneplácito tanto del concejal de Movilidad y presidente de Auvasa, Luis Vélez Santiago, como del alcalde, Óscar Puente, sea devuelta a la citada Sociedad. Dicho punto 5 rezaba textualmente: “Extinción, por desistimiento, del contrato del Gerente de la Sociedad, D. Álvaro Fernández Heredia”.
Según el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, el equipo de Gobierno habría dispensado un ostensible “trato de favor” al exgerente de Auvasa en lo que respecta a su salida de la Sociedad Municipal de Autobuses, perceptible a lo largo de todo el procedimiento, que se traduce en “el homenaje económico de despedida que le ha dispensado el alcalde y en un cúmulo de engaños por parte del concejal responsable de Movilidad, y a la vez presidente de la Sociedad, y del propio Fernández Heredia, quien manifestó su deseo de abandonar la gerencia de Auvasa de forma voluntaria, por motivos personales, cuando tan sólo unos días después se demostró que era falso, ya que se descubrió a través de diversos medios de comunicación que el motivo real era pasar a integrarse en una candidatura política de izquierdas en Madrid”.
La portavoz del Grupo Popular, Irene Núñez, asegura que “se ha actuado con simulación manifiesta, tanto en la propia convocatoria del Consejo, celebrado el 28 de marzo, en la que la salida de Fernández Heredia se incorporó en el orden del día como una extinción por desistimiento del contrato del gerente, como en la propia reunión del Consejo de Administración, ante las peticiones de información del consejero del PP, Alberto Gutiérrez Alberca, cuando se obvió contestarle a si había existido un preaviso por parte del trabajador, así como la cantidad económica que suponía la salida del gerente para las cuentas de la Sociedad”.
Con posterioridad, el Grupo Popular solicitó esta información por escrito, con fecha 3 de abril, sin haber obtenido respuesta hasta la mañana de hoy, minutos antes de la celebración del Consejo, por lo que considera que en su día “se ocultó deliberadamente al mismo que con la salida se había pactado el pago de una indemnización que es improcedente y lesiva, tanto para los intereses de la Sociedad como para los de los ciudadanos, demostrándose así la connivencia entre la empresa y el trabajador en el despido, habiéndose podido incurrir en una infracción muy grave”, señala la portavoz popular.
“Han engañado a todos los vallisoletanos”, afirma Núñez, “porque le han dado al exgerente una indemnización que no le corresponde, con el perjuicio económico que eso conlleva para la Sociedad. Una baja voluntaria en ningún caso lleva aparejada una indemnización, según el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección”.
Cabe recordar que no es la primera vez que el exgerente de Auvasa recibe un trato de favor por parte del equipo de Gobierno de Óscar Puente. “Llegó a Valladolid como fichaje estrella de la mano de Luis Vélez y Óscar Puente, e incluso modificaron los Estatutos de Auvasa para otorgarle más poder, en detrimento de la obligada transparencia que debe regir toda sociedad pública. Le dieron carta blanca como ideólogo del Plan Municipal de Movilidad, mientras el concejal del ramo se ha limitado a aplicarlo a pies juntillas Es escandaloso que tanto Vélez como el alcalde le hayan permitido utilizar Valladolid como campo de pruebas para ejecutar una política de movilidad que ha resultado nefasta para nuestra ciudad, y, por si todo esto fuera poco, lo ha hecho cobrando 10.000 euros más al año que el gerente anterior”.
Además, se eliminó de su contrato la obligación de residir en la ciudad de Valladolid, y “se le ha consentido que se sirva de su puesto como personal de alta dirección para hacer apología política, mientras destrozaba la ciudad de los 15 minutos generando problemas donde antes no los había”. Durante su gerencia la aportación del Ayuntamiento a la Sociedad Pública de Autobuses Urbanos se ha incrementado sustancialmente, y, por lo tanto, el gasto para el bolsillo de los vallisoletanos, pasando a ser de 15,6 millones de euros en 2019 a 21 millones en 2022. Todo ello acompañado de una pérdida considerable de viajeros, sin que se hayan recuperado las cifras prepandemia; varapalos judiciales, como en el caso de los carriles exclusivos bus-taxi; miles de euros despilfarrados como consecuencia de las modificaciones en el viario público o la instalación de los aparcabicis cerrados que apenas tienen uso, con un gasto de 1,3 millones de euros, además de una errática política de adquisición para la transformación de la flota, sin olvidar el ingente incremento de la conflictividad laboral. Motivos, todos ellos, más que suficientes para que el Partido Popular pidiese el cese del ya exgerente hasta en dos ocasiones, en los Plenos celebrados en octubre de 2020 y febrero de 2022.
“La gestión de Fernández Heredia ha sido nociva para Valladolid y Óscar Puente y Luis Vélez han hecho la vista gorda. Con su salida de la gerencia de Auvasa hemos asistido al último capítulo de una cadena de favores, que ha llevado al equipo de Gobierno a reconocer que una baja voluntaria conlleva una indemnización, en contra no ya del criterio legal, sino del propio sentido común, ya que no sólo no tenía derecho a indemnización, sino que la empresa debería haber ingresado una compensación de tres meses de salario, el equivalente a los salarios correspondientes a la duración del periodo incumplido, por la falta de un preaviso por parte del trabajador, tal y como figuraba en la cláusula séptima de su contrato. Estimamos que el perjuicio económico para la Sociedad Municipal puede ser superior a los 20.000 euros”, concluye Núñez.