· El PP en el Ayuntamiento de Valladolid mostrará una vez más su firme compromiso con este proyecto, después de proponer en el último Pleno una moción para garantizar su realización y a la que se sumaron el resto de grupos que integran la Corporación. Es por ello que asistirá a la convocatoria fijada a las 12.00 de la mañana, a las puertas del Colegio El Salvador.
· En la sesión plenaria, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, los populares plantearán dos mociones: una para solicitar al Gobierno de España la no revisión de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal, así como la reforma inmediata de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y el cese de la ministra de Igualdad, y otra para instar al alcalde a no firmar la adenda 2022 al Acuerdo Marco para la financiación de Servicios Sociales si considera que no cumple con la normativa en esta materia y perjudica a los ciudadanos de Valladolid.
1 de diciembre de 2022
“Reclamar al Ministerio de Justicia que cumpla con su compromiso con Valladolid y ejecute el Campus de la Justicia de una vez por todas”. Con este propósito, la presidenta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, explica que su grupo respaldará mañana la concentración convocada por los operadores judiciales de la ciudad, a las puertas del Colegio El Salvador, después de que los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo contemplasen 200.000 euros para este proyecto, y se haya rechazado recientemente con los votos en contra del PSOE y de los diputados por Valladolid Helena Caballero y Julio del Valle, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para incrementar esa partida en un millón de euros, tal y como propuso en el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento el Grupo Municipal Popular.
“Es una auténtica vergüenza el tratamiento que el Gobierno de España le está dando al futuro Campus de la Justicia, despreciando a nuestra ciudad con el beneplácito del alcalde. Óscar Puente se ríe a la cara de todos los vallisoletanos; se erige como defensor a ultranza del proyecto e incluso nos hace creer que le planta cara a su partido, pero lo cierto es que es él el principal culpable de que la Ciudad de la Justicia no salga adelante. Mañana se colocará en primera línea en la concentración, pero donde tiene que estar es en el Ministerio de Justicia para arrancarle a la ministra el respaldo definitivo y necesario para que un proyecto como éste, de vital importancia para nuestra ciudad, salga adelante”, asegura Pilar del Olmo, quien considera que “las palabras y el interés se demuestran con hechos, y el alcalde, por desgracia, hechos ha demostrado pocos y mentiras ha dicho muchas a lo largo de sus más de siete años al frente del Ayuntamiento”.
En este sentido, Del Olmo insiste en el férreo compromiso del Grupo Municipal Popular con la construcción del Campus de la Justicia, y recuerda que en línea con el mismo presentó en el Pleno de octubre una moción para que se entregaran de manera inmediata al Ministerio de Justicia el Colegio El Salvador y los terrenos anexos. “El equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza votó en contra de esta propuesta alegando que todo iba bien y seguía los ritmos normales, cuando tan solo un día después se constató la falsedad de estos hechos al hacerse públicos los Presupuestos Generales del Estado y la cantidad irrisoria consignada en ellos para el Campus por el Gobierno de España”. Anteriormente, los populares solicitaron la creación de una Comisión de Investigación en relación al expediente del proyecto, que de nuevo el equipo de Gobierno rechazó utilizando el mismo argumento: todo era “normal”, e iba “bien”, lo cual era “absolutamente falso”.
La presidenta de los populares explica que ante estos hechos y la nefasta gestión del proyecto llevada a cabo el actual equipo de Gobierno su grupo planteó en el Pleno de noviembre una moción para garantizar la ejecución en Valladolid del Campus de la Justicia e impulsar el proyecto. Una propuesta que fue apoyada de manera unánime por el resto de formaciones que integran la Corporación municipal, tras aceptar los populares la sustitución de la palabra “convenio” por “protocolo”, el cual debería firmarse tras retomarse las negociaciones con el Ministerio de Justicia e incluir aspectos tales como el compromiso de ejecución del proyecto en plazos y el presupuesto efectivo para la realización de la Ciudad de la Justicia.
Dicha moción instaba al alcalde a reunirse de forma inmediata con los representantes de los sectores afectados del ámbito judicial para ofrecerles las explicaciones oportunas en relación a la situación del proyecto, así como instar al equipo de Gobierno a dirigirse a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado de España para la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, incrementando la previsión económica para el Campus de la Justicia en un millón de euros. “Un significativo incumplimiento y otro engaño más por parte del alcalde, porque los grupos parlamentarios jamás recibieron comunicación alguna sobre la presentación de la enmienda, que por otra parte sí fue planteada por los parlamentarios del Partido Popular, pero rechazada en el Congreso. Y yo me pregunto”, dice Del Olmo, “¿dónde está el compromiso de Óscar Puente con la ciudad? ¿Cómo consiente que su partido ningunee de esta forma a Valladolid? Todo esto evidencia una nefasta gestión del proyecto por parte del equipo de Gobierno, cuyas actuaciones respecto al Campus de la Justicia no han sido ni efectivas ni productivas a lo largo de siete años en los que se ha dedicado a dar bandazos, a hacer anuncios falsos y a escoltar a diferentes representantes del Gobierno que han vendido humo respecto al proyecto”.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid entiende que el Campus de la Justicia es un proyecto que “no puede demorarse más por discrepancias de ningún tipo”, por lo que su presidenta se ha dirigido al director del Gabinete de la ministra de Justicia, con el fin de trasladarle la necesidad de impulsar el proyecto y de que se retomen las negociaciones con el alcalde. Además, ha remitido por escrito su compromiso y apoyo al mismo a abogados, procuradores, jueces y fiscales, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Audiencia Provincial, a los letrados de la Administración de Justicia y al Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses. Un apoyo que mañana refrendará el Partido Popular con su presencia en la concentración convocada frente al Colegio El Salvador.
Mociones
Asimismo, en el Pleno ordinario que se celebrará el 13 de diciembre el Grupo Popular planteará dos mociones. La primera de ellas para solicitar al Gobierno de España la no revisión de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal, así como la reforma inmediata de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, de manera que instará al alcalde a que se dirija al presidente del Gobierno de España y a todos los portavoces de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y el Senado para que se suspenda la tramitación de manera inmediata de la iniciativa parlamentaria presentada para derogar el delito de sedición y no llevar a cabo ninguna modificación en el Código Penal que suponga la derogación del mencionado delito, así como para que tampoco se modifique en el Código Penal el Capítulo dedicado a la malversación, y para que se reforme de manera inmediata la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, para corregir las deficiencias técnicas normativas, y los efectos indeseados que está produciendo, incluyendo una disposición que prohíba la revisión de las penas a los condenados a los que la nueva ley fuese más favorable que la anterior, tal y como establece como norma general el Código Penal.
Además, también se instará en esta moción al alcalde a que solicite al presidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil, dada la alarma social que han suscitado los desajustes jurídicos de la Ley Orgánica 10/2022, y su actitud, culpando a los jueces españoles de realizar una interpretación machista de las leyes, desacreditándolos y creando así la inseguridad de las víctimas en quienes tienen que confiar, y acusan al PP de promover “la cultura de la violación”.
En una segunda moción, el Partido Popular del Ayuntamiento desmontará las afirmaciones que viene realizando históricamente el alcalde sobre la financiación de los Servicios Sociales por parte de la Junta de Castilla y León, llegando a amenazar recientemente con llevar al Gobierno regional a los tribunales, esgrimiendo que la financiación otorgada no cumplía la Ley de Servicios Sociales. Durante el Pleno los populares demostrarán que la Junta año a año incrementa la financiación, mientras que disminuye la proveniente del Ayuntamiento de Valladolid.