La presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, ha anunciado esta mañana que han recurrido el Decreto 5842 del Ayuntamiento de Valladolid en materia de movilidad por el que se aprueba implantar carriles bici y carriles bus-taxi por ser contrario a derecho y vulnerar el Ordenamiento Jurídico.

Pilar del Olmo desmonta las declaraciones de Óscar Puente en un foro de inteligencia y sostenibilidad urbana con ejemplos que muestran el escaso compromiso medioambiental de su equipo de Gobierno con Valladolid y sus vecinos y acusa al regidor de predicar una cosa y ejecutar otra bien distinta.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid también instará al Gobierno municipal a que cumpla, de manera inmediata, los acuerdos alcanzados en el Grupo de trabajo para la reconstrucción social y económica de Valladolid, entre los que se encuentran, entre otros, resolver las ayudas a autónomos y pymes y convocar las subvenciones a las industrias culturales y al deporte de la ciudad.

Ante la inacción del alcalde y su equipo, el Partido Popular presentará una moción en el pleno del próximo miércoles con el objetivo de proteger la salud de los vallisoletanos, tras la rechazada en el último pleno sobre este tema. Reconocer la figura del régimen del 78, de la monarquía parlamentaria y del rey Juan Carlos I es el objetivo de la segunda moción presentada esta mañana por Pilar del Olmo.

Servir de punto de encuentro con los vallisoletanos es el principal objetivo del nuevo diseño de la página web del Partido Popular en el Ayuntamiento, un espacio transparente y de permanente conversación con los vecinos. A través de su nuevo portal, así como con una campaña de publicidad y otra de buzoneo, los populares están dando a conocer su postura contraria a las medidas en materia de movilidad del equipo de Gobierno.

Pilar del Olmo ha afeado a Óscar Puente que las actuaciones en materia de movilidad se hayan hecho sin consultar a los colectivos afectados ni a los grupos políticos del Ayuntamiento. Además, ha pedido al alcalde que no entregue el superávit municipal al Gobierno de España como recoge el acuerdo con la FEMP.