La ocupación ilegal de viviendas: un problema que necesita solución

Por Carlos Fernández Rodríguez, concejal del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid.

En los últimos tiempos se está produciendo un fenómeno en todas las ciudades españolas, que es el incremento de casos de ocupación ilegal de viviendas, hecho al que no son ajenos ni Valladolid ni el barrio de las Delicias. Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho.

Es importante que las Administraciones Públicas tomen conciencia de este problema y le busquen soluciones. Los Poderes Públicos deben ser capaces de garantizar el equilibrio entre dos derechos constitucionales, como son el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna. Lo que no puede ser es que los en su día autoproclamados como ayuntamientos del cambio, incluido el de Valladolid, ante este grave problema, se pongan de perfil, como está haciendo nuestro Ayuntamiento, como si esta fuera una situación admisible o tolerable. La ocupación ilegal no puede ser tolerable, como tampoco lo es ni lo puede ser cualquier otra ilegalidad.

La realidad es que cuando, en el último Pleno Municipal, el Partido Popular presentó una moción con el ánimo de intentar paliar los problemas que estas situaciones plantean a los vecinos, el equipo de gobierno rechazó la moción con la  excusa de no tener competencias en la materia. Reconocieron que cuando los vecinos van al Ayuntamiento a plantear estas situaciones, lo único que se les dice es que acudan a denunciarlo a la policía. Y esto no es lo que los vecinos de Valladolid esperamos de nuestra Administración más cercana, esperamos asesoramiento, esperamos amparo, esperamos inspección, en definitiva esperamos actuaciones que nos ayuden a resolver este grave problema. Esperamos sentir un Ayuntamiento cercano a nosotros como vecinos y a nuestros problemas, no un frío vaya a denunciarlo a la policía.

El problema es serio, y más serio si tenemos en cuenta que en muchas de estas ocasiones, la ocupación ilegal no la hace directamente una familia necesitada sino mafias organizadas, que ocupan viviendas que luego realquilan a familias con escasos recursos, aprovechándose de su situación vulnerable, cobrándoles un alquiler por vivir en la vivienda ilegalmente ocupada. Y esto está ocurriendo en Valladolid y está ocurriendo en Delicias.

Esta situación  no afecta solo al propietario de la vivienda ocupada,  un atentado contra el derecho a  la propiedad privada y a la legítima posesión de sus bienes, que ya sería bastante, sino que el problema se ve agravado porque en muchas ocasiones se afecta al resto de la comunidad de vecinos al afectarse la convivencia vecinal pacífica y respetuosa. Habitualmente los ocupas alteran las normas internas de convivencia, atentan contra las personas y las cosas dentro de las comunidades de propietarios, e incluso, en ocasiones, se utilizan estos pisos así ocupados para la realización de actuaciones prohibidas, nocivas o insalubres. Es frecuente que el ocupa, como no se puede dar de alta legalmente en los servicios de la vivienda, pinche irregularmente el cuadro eléctrico para tener luz. Y ya sabemos el riesgo que esto conlleva para toda la comunidad, además de los perjuicios económicos. No olvidemos la reciente tragedia de Badalona donde, por una situación de estas, se produjo un incendio que causó tres muertos y treinta heridos.

En el Partido Popular estamos luchando por dar solución a este problema cada vez más extendido en nuestro país. En este sentido iba la moción que nosotros presentamos al Pleno del día 12 de marzo , y en este sentido el Partido Popular presentó una  proposición de Ley Orgánica  en el Congreso de los  Diputados el día 31 de enero de este año.

En esta proposición se recoge por vez primera un concepto claro de lo que es ocupación ilegal, la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena sin pago de renta ni razón de derecho para su uso. También se deja claro en esta proposición que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio. Es decir, se trata de evitar que el ocupa ilegal tenga la misma protección jurídica que el propietario de una vivienda o el que la tiene alquilada. Tampoco  puede tener el ocupa la misma protección que quien  estando  en una vivienda con título legítimo, como puede ser propietario o arrendatario, por dificultades económicas sobrevenidas haya tenido que dejar de pagar algún recibo de su hipoteca o alquiler y esté sometido a un proceso de desahucio.

Precisamente, para agilizar la recuperación del inmueble por su legítimo propietario, la proposición de ley contempla que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ilegalmente ocupadas en un plazo de 12-24 horas, sin tener la necesidad de esperar meses o años como ocurre en la actualidad.

Conviene conocer que tanto el Partido Socialista como Valladolid Toma La Palabra y Si Se Puede Valladolid votaron en contra de aprobar nuestra moción y de apoyar estas medidas recogidas en la proposición de ley en el último Pleno Municipal. No tienen ningún interés en luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en Valladolid y en las Delicias.