Reclamamos a Puente que pida disculpas a las Asociaciones Gitanas y Empleados Públicos por mentir respecto de los inexistentes “cobros en B”

Reclamamos a Puente que pida disculpas a las Asociaciones Gitanas y Empleados Públicos por mentir respecto de los inexistentes “cobros en B”

NOTA DE PRENSA:

  • Los Populares hemos revisado los expedientes de los últimos 4 años y se demuestra que no existen “cobros en B” y la labor de funcionarios y asociaciones gitanas fue ajustada a derecho.
  • En el PP municipal consideramos que la actitud de Puente, además de mentir para su ventaja política, es vejatoria para la comunidad gitana de la ciudad.

Desde el grupo municipal Popular reclamamos a Óscar Puente que pida disculpas a las asociaciones gitanas y a los empleados públicos por sus persistentes mentiras atribuyendo la existencia de “cobros en B” o de dinero negro a ambos en la gestión de las subvenciones para la mediación en los conflictos de la comunidad gitana de Valladolid.

A finales del pasado mes de enero de 2019, el “todavía” alcalde Óscar Puente manifestó en declaraciones a Onda Cero que “cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos con una situación, no ya anómala, no sé cómo calificarla. Había una serie de mediadores gitanos que cobraban un dinero del ayuntamiento sin que hubiera ningún expediente que lo justificara y sin factura”. Del presidente que dirige la asociación de mediadores, que pocos días antes reprochó la reducción de ayudas que recibían del ayuntamiento, Puente manifestó “que la cantidad que él cobraba como mediador del ayuntamiento de Valladolid era en B, sin recibo y sin una justificación”.

Los “cobros en B" o el comúnmente llamado dinero negro es definido como “el dinero que se mantiene oculto de la Hacienda Pública, normalmente obtenido en operaciones ilegales” o también el “dinero que procede de una transacción monetaria que no está declarada de forma correspondiente ante las autoridades fiscales o monetarias competentes”. En España se consideran ilegales los pagos y cobros en B y además de una infracción fiscal puede llegar a considerarse delito.

Por lo tanto, Puente realizó unas duras acusaciones respecto de las asociaciones de mediadores gitanos y de los funcionarios que tramitaron esas ayudas y que consideraron cumplidos y justificados todos los requisitos para su cobro.

Los Populares, a lo largo de los últimos días, hemos revisados los últimos 4 años de subvención, convenio y contratos suscritos con las asociaciones gitanas, en concreto las actuaciones comprendidas entre los años 2015 y 2018 ambos inclusive. Una documentación que el gobierno municipal liderado por Puente “no nos ha querido facilitar hasta que no ha participado en el proceso el Secretario General y el Interventor Municipal, que han logrado evitar ese insulto a la transparencia y a las reglas democráticas”. Del examen de los expedientes se extraen las siguientes conclusiones:

1.- El año 2015, el anterior gobierno municipal suscribe un convenio para la ejecución de la subvención nominativa a las organizaciones gitanas, prórroga del convenio del año anterior. De la extensa documentación justificativa analizada se deduce que la organización de mediadores gitanos cumplía antes, durante y después todas sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Del mismo modo, la documentación existente demuestra la justificación de la subvención aportando facturas, recibos, salarios, certificados de Hacienda, ingresos a la Seguridad Social. Los funcionarios responsables de la gestión del programa certifican en marzo de 2016 el cumplimiento y justificación integra de la subvención.

2.- El año 2016, el actual gobierno municipal de Puente suscribe un nuevo convenio exactamente igual que el anterior y se ejecuta de la misma manera con la misma justificación y documentación por parte de la asociación de mediadores gitanos. Del mismo modo, los mismos funcionarios gestores vuelven a certificar su cumplimiento en enero de 2017. En definitiva, si Puente denuncia pagos y cobros en B sorprendentemente hizo lo mismo en 2016, de manera consciente y voluntaria.

3.- Los años 2017 y 2018, Puente acude a un contrato menor de importe inferior a 6.000 euros año (para evitar tener que licitarlo u ofertarlo a 3 empresas) Fruto de ese nuevo sistema, se reducen mucho las actuaciones de mediación, produciéndose mayor riesgo de conflicto y del mismo modo se reducen las cantidades de apoyo de manera considerable, razón por la que el Presidente de la asociación manifestó públicamente su disconformidad. En definitiva, más riesgo de conflictos y menos apoyo.

En conclusión, los Populares consideramos que, analizados los expedientes que no nos querían facilitar, Puente ha mentido y ha “imputado” a las asociaciones gitanas y a los funcionarios que gestionan el programa, un delito sin fundamento alguno. Los Populares sabemos que Puente ha mentido dado su conocido “afán justiciero llevando en otros casos ante los tribunales a funcionarios y al anterior alcalde, pero ahora no lo hace porque sabe que la denuncia del cobro en B por parte de la asociación gitana es falsa”.

Para el PP municipal, Puente ha mentido para recuperar posiciones ante el próximo proceso electoral, incluso ha colocado en el puesto 8 de las listas a Carmen Jiménez para intentar “blanquear su imagen” muy deteriorada ante el pueblo gitano.

Los Populares requerimos a Puente para que “se disculpe ante las asociaciones gitanas y los funcionarios y si no lo hace, que se marche. Es una mala imagen para la ciudad de Valladolid y no merece su puesto, porque no es el alcalde de todos los vecinos por su trato discriminatorio”.

Por último, los Populares le pedimos a Carmen Jiménez que, si su jefe político no se disculpa con las asociaciones gitanas por su grave e infundada acusación, dada su pertenencia a esa minoría étnica y sus conocimientos jurídicos “sea ella la que le exija esa rectificación y si Puente no lo hace, que obre en consecuencia”.