EL PP MUNICIPAL PIDE QUE SE ENCARGUE UNA AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE QUE VALORE LA EFICIENCIA DEL EPEL

NOTA DE PRENSA:

Tras cumplirse un año de la gestión pública del tripartito de izquierdas.

  • Desde el grupo municipal Popular denunciamos los grandes defectos y mentiras de la gestión del agua por parte del equipo de gobierno tripartito del Ayuntamiento de Valladolid.

La mala llamada remunicipalización del agua en Valladolid ha cumplido un año el pasado 1 de julio. En el grupo municipal Popular consideramos que dicho proceso no ha sido ni exitoso ni eficiente y por eso ha denunciado hoy en rueda de prensa los grandes defectos y problemas en la gestión del agua por parte del equipo de gobierno municipal que lo convierten, junto al abandono del proyecto de soterramiento, en la “gran mentira del tripartito municipal de Óscar Puente”. Por eso solicitamos que se encargue a una auditoría externa que valore la eficiencia del EPEL y que se ofrezcan sus datos de manera independiente a todos los grupos municipales.

Los Populares consideramos que el proyecto de gestión pública del agua en Valladolid es un proceso con errores y mentiras que se caracteriza por los datos siguientes:

1. EL AGUA SIEMPRE HA SIDO PUBLICA, SOLO HAN ASUMIDO LA GESTIÓN. El tripartito ha hecho creer a los vecinos que recuperaban el carácter público del agua y es falso. El agua siempre ha sido publica en Valladolid, solo recuperaban la gestión volviendo a un sistema de gestión directa que no funcionó en el pasado y generó muchos problemas a la ciudad. La gestión privada del agua pública en Valladolid había logrado unos altísimos niveles de eficiencia con el mejor precio y calidad a nivel nacional según estudios independientes de FACUA.

2. NO HAN DICHO LA VERDAD SOBRE LAS INVERSIONES EN LA SITUACIÓN PREVIA. El tripartito municipal basó sus conjeturas para optar a la gestión pública del agua en la falta de inversión municipal en la red de abastecimiento y saneamiento. Sin embargo lo que no han contado es que los dos primeros años de gobierno tripartito de izquierdas no destinaron ni un solo euro a la mejora de las redes de los 12 millones de euros que percibieron del canon de la empresa gestora.

3. UNA ABSOLUTA FALTA DE INVERSIONES EN LA GESTIÓN DIRECTA. Los pretendidos 178 millones de euros de inversión en 15 años ya son una absoluta mentira. En el año 2017 no han invertido ni un euro de los 5,4 millones previstos en la mejora de la red y en el año 2018 solo llevan comprometidos 1,7 millones de los 11,5 previstos. Una tomadura de pelo a los vecinos.

A este ritmo de ejecución, los pretendidos 178 millones en 15 años serán realmente 51, el 28% de lo prometido y mucho menos de lo que se invirtió en el periodo de gestión por la empresa concesionaria. Además el propio Aquavall ha reconocido en 2018 que su previsión de ingresos es 2 millones de euros anuales menos de lo que inicialmente creía, lo que repercute directamente en contra del montante total de inversiones.

4. REPRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA: UNA GESTIÓN PÚBLICA CON UN 51% DE GESTIÓN PRIVADA. El engaño se sirvió a la mesa diciendo que con la gestión pública se ahorraría todo el dinero que se llevaba la empresa por su beneficio, y que se iba a evitar pagar a empresas innecesariamente haciendo los trabajos con personal propio.

Desde el grupo Popular hemos solicitado el volumen de contratos externos desde la creación de la EPEL y el porcentaje que representan en el total del presupuesto de la empresa, sin que el tripartito haya facilitado ningún dato. Gracias a una entidad independiente: el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía aplicada, sabemos que AQUAVALL va a subcontratar en 2018, un total de 40 contratos con empresas privadas por importe de 23,5 millones de euros.

De hecho, más de la mitad del presupuesto de AQUAVALL (el 51%) “está destinado a la concesión de servicios a empresas privadas”, según el estudio. Y eso sin descontar los gastos de personal que, tanto en la concesión como en la EPEL, es un gasto interno. Si descontáramos la nómina de los trabajadores el porcentaje de “multiprivatización de la gestión del agua” sería aún mayor y rondaría el 66,1%.

5. LOS INGRESOS: UNA TASA DECLARADA ILEGAL POR LOS JUECES. En cuanto a los ingresos podemos afirmar con rotundidad que el gobierno de Puente, ha estado y se está cobrando tarde y mal a los usuarios del agua en Valladolid. El brindis con agua que hicieron los miembros del gobierno de Puente, ha traído muy mala suerte a los vecinos y les está saliendo más caro que antes. Puente ha pasado de cobrar una tasa ilegal desde el principio de AQUAVAL, a seguir cobrando mal a día de hoy, una tasa derogada por la Ley de Contratos del Sector público que entró en vigor el pasado 9 de marzo.

Durante los primeros 6 meses de vida de la Entidad Pública Empresarial AQUAVALL que sucedió a AGUALID en la gestión del agua se ha cobrado a los usuarios con una tasa ilegal. Así lo ha declarado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado 14 de junio, ocultada por el gobierno municipal. La razón de la ilegalidad ha sido la demora en la aprobación de la ordenanza de la tasa, que debió entrar en vigor el 1 de enero de 2017 y no el 1 de julio de ese mismo año. Una circunstancia que pone de manifiesto la mala gestión del mal llamado proceso de remunicipalización del agua, para el que fueron contratadas tres personas para un mejor asesoramiento, entre ellas la cuñada del propio Concejal de Hacienda.

Por otra parte, la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) aprobada, de 8 de noviembre del 2017, dio un plazo de 4 meses a los ayuntamientos para aprobar una Prestación Patrimonial Pública No Tributaria, que sustituyera a la tasa para el cobro por los servicios del ciclo del agua a través de la AQUAVALL. EL 9 de marzo se acabó ese plazo sin que el gobierno de Puente hiciera los deberes, dejando derogar la tasa que se sigue cobrando irregularmente a los usuarios por el abastecimiento de agua, el alcantarillado y la depuración, a pesar de las advertencias del Grupo Popular ante el Consejo de Administración y la Comisión de Medio Ambiente.

Una auténtica irresponsabilidad que puede dar lugar a reclamaciones por ingresos indebidos por cualquier usuario, poniendo en peligro la viabilidad de la propia empresa pública del agua. Las liquidaciones que no hayan prescrito desde el 9 de marzo y las que se puedan seguir girando hasta la entrada en vigor de la nueva figura de cobro, pueden ser declaradas nulas con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.

6. UNA FACTURACIÓN ERRÓNEA E INEFICIENTE. Por si esto fuera poco, la mala gestión también alcanza a la facturación y las notificaciones de los recibos. Las notificaciones de los recibos se vienen produciendo con retraso desde el principio de la gestión pública del agua. El contrato con la Caixa y UNIPOST se ha incumplido y se ha tenido que abrir un expediente sancionador a las empresas que enviaban unos recibos ilegibles a los usuarios con un formato inaceptable en pleno siglo 21, que atenta contra los más elementales principios de la transparencia en la gestión pública.

Este hecho trasciende a lo que es un mero incumplimiento de un contrato para convertirse en otro incumplimiento grave del tripartito de Puente que se había comprometido a aumentar el 0,5% anual de la eficiencia del sistema de facturación de la red de abastecimiento (m3 facturados/m3 registrados) y a “Mantener la eficiencia actual del sistema de cobro”. Estos compromisos están recogidos en la página 59 de la Memoria Justificativa que sirvió para decir que la gestión pública del agua era la más eficiente. Estos incumplimientos demuestran que no es así. El tiempo da la razón al Partido Popular una vez más. Se ha impuesto a los ciudadanos un modelo de gestión ideológico en vez de un modelo de gestión sostenible y eficiente, como exige la ley.

A ello se suma un despilfarro notorio en programas de gestión. En tan solo 1 año de gestión pública del agua, ya se han despilfarrado 130.000 euros en un programa informático que no sirve. En el último consejo de AQUAVALL se ha aprobado un gasto adicional de más de 400.000 euros para comprar otra aplicación informática, que venga a remediar el desaguisado actual.

7. UN AGUA QUE YA ES MÁS CARA PARA 12.000 VECINOS. El tripartito de izquierdas liderado por Puente decidió subirle el precio del agua, el doble a la cuota de servicio y el triple de subida al primer tramo de consumo hasta 15 m3, a los 12.000 mayores de 65 años pensionistas que viven solos o en compañía de otra persona.

Además, las erróneas decisiones de gestión y la minoración de ingresos en 2 millones de euros anuales menos de los previstos, pronto harán que el precio suba, seguramente una vez que se celebren las elecciones de 2019. Valladolid está dejando de tener el agua más barata y de mayor calidad de España.

8. EL PERSONAL DEL EPEL: UN POLVORÍN CON LA MECHA PRENDIDA. Empezó la gestión aumentando los costes de plantilla: a los 170 trabajadores que se incorporaban al ente público se añadió un Gerente y 9 trabajadores de refuerzo. Un mayor coste que redundará en el futuro al incremento de precio al no estar previstos en los cálculos iniciales. A ello se sumó un nuevo convenio colectivo que si bien se firmó en diciembre de 2017, le está costando entrar en vigor por determinadas prebendas y contradicciones con el convenio del personal municipal.

A mayores, en este primer año aún no se ha afrontado nada para consolidar la situación del personal y garantizar su permanencia en la empresa. Con la normativa vigente, el tripartito de izquierdas tiene problemas para garantizar a los trabajadores su permanencia y continuidad en la empresa como prometió a la plantilla. Por eso prefiere esconder la cabeza en el suelo y no afrontar nada antes de las elecciones municipales de 2019.

Inicialmente la creación del EPEL solo ha servido para que algunos concejales ejerzan proselitismo contratando a sus familiares, como ha ocurrido con el conocido caso Gato.

9. EL EPEL NO HA MEJORADO EL SUMINISTRO: NO MENOS DE 12 INUNDACIONES AL MES. La prometida mejora del servicio no se ha producido, incluso en algunos casos se ha deteriorado, con un importante volumen de cortes de suministro al mes. No menos de 12 fugas al mes es un pobre resultado para los que prometieron una mejora casi inmediata.

10. NO HA GENERADO EL PRETENDIDO EFECTO CONTAGIO EN OTROS MUNICIPIOS. Y cada día que pasa, menos. Notorios son los ejemplos de Pontevedra, gobernado por BNG, partido nacionalista de izquierdas que ya ha anunciado la licitación de un contrato de gestión privada del agua en la ciudad. También es el supuesto de Zamora, gobernada por Izquierda Unida, con gestión privada que no va a cambiar.

CONCLUSIONES:

El sistema de gestión directa ejecutado por el EPEL AQUAVALL, por decisión del gobierno que lidera Óscar Puente es un claro ejemplo de gestión abocada al fracaso tras su primer año. Un sistema basado en una propaganda que oculta con notorias mentiras la verdad de sus problemas. Unos problemas que se agravan mes a mes sin una aparente solución.

El tripartito de izquierdas no puede decir que es un éxito que salga agua de los grifos de Valladolid. Eso ya ocurría antes del 1 de julio de 2017 y además estaba considerada como el agua más barata y de más calidad de las gestionadas en España. Un ranking en el que corremos el peligro de ir perdiendo posiciones por el aumento de costes, el incremento del precio que pagan los vecinos, por el deterioro de la red de abastecimiento y por los problemas de facturación y obtención de ingresos para poder invertir.

El tripartito de izquierdas que gobierna Óscar Puente sabe que todo ese deterioro puede que no se manifieste antes de las elecciones de mayo de 2019. Pero nuestra obligación como grupo municipal Popular es hablar claro a los vecinos y advertirles que ese deterioro ya ha comenzado. Por ello Puente, si no quiere seguir mintiendo a los vecinos de Valladolid, tiene que corregir los defectos del sistema público que ha puesto en marcha y reconsiderar la decisión. Cuanto antes lo haga antes evitará este deterioro, y sus errores les costarán menos a los vecinos de Valladolid.

Por todo ello, desde el grupo municipal Popular solicitamos que se realice una auditoría externa e independiente que analice los resultados de la gestión del EPEL, de modo que el Pleno municipal decida si se debe continuar con un proceso erróneo que empieza a costarle mucho dinero a los vecinos y a darles muchos problemas.