MOCIÓN DEL PP PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE CONSUMO DE CARBURANTE DIÉSEL (PLENO 5-2-2019)

AL AYUNTAMIENTO PLENO

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE CONSUMO DE CARBURANTE DIÉSEL

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, presentado por el actual gobierno de España hace pocos días, prevé un importante incremento de los impuestos en distintos conceptos que van a afectar de manera directa a los vecinos de Valladolid junto al resto de los españoles. Nuevos ingresos que pueden frenar la actividad económica, la creación de empleo y ser el primer paso a una nueva recesión indeseada por todos. Entre las subidas de impuesto se encuentra el incremento del Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre las transacciones financieras, el Impuesto sobre determinados servicios digitales, el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y uno que afecta de forma casi generalizada a todos los ciudadanos, la subida del impuesto de hidrocarburos en cuanto al consumo de diésel.

España, con una producción cercana a los 3 millones de vehículos, es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo, con un impacto muy importante:

- Para nuestra economía, ya que representa el 8,6% del PIB.

- Para la balanza comercial: exportamos 8 de cada 10 vehículos que producimos, con un valor total que supera los 37.000 millones de euros.

- Y, sobre todo, para la creación de empleo, ya que es responsable del 9% del empleo total, de forma directa e indirecta en toda la cadena de valor.

Teniendo en cuenta que el 42% de los vehículos fabricados en nuestro país son diésel, nos parece una irresponsabilidad que el gobierno socialista haya emprendido una guerra contra esta tecnología, cuyo máximo exponente fueron las declaraciones de la ministra de transición ecológica señalando que "el diésel tiene los días contados".

No entendemos que se ponga en riesgo el futuro de 40.000 trabajadores y 17 fábricas que se mantienen gracias a la producción de vehículos diésel, 2 de ellas en la provincia de Valladolid, además de todo el empleo generado en la industria auxiliar. En Valladolid se fabrican al año miles de motores diésel de altísimas prestaciones, bajo consumo y bajas emisiones contaminantes que favorecen el empleo cualificado en Renault. Esta medida impositiva del gobierno socialista va a perjudicar por tanto el empleo en la ciudad.

Compartiendo la necesidad de reducir las emisiones y cumplir con nuestros compromisos internacionales, creemos que el foco hay que ponerlo en los vehículos más contaminantes, y estos no siempre son los vehículos diésel. Un vehículo diésel moderno, que cumple con la normativa Euro 6, es menos nocivo y contaminante que un vehículo de gasolina equivalente, y mucho menos que cualquier vehículo de gasolina con más de 10 años de antigüedad.

No se puede, por tanto, demonizar una tecnología que es tan importante para nuestro país desde el punto de vista productivo, poniendo en riesgo miles de empleos. Cualquier cambio hay que hacerlo de forma gradual y ofreciendo alternativas.

Y si esto es así desde el lado de la oferta, otro tanto ocurre cuando lo vemos desde el punto de vista de los consumidores. La subida del impuesto al diésel tiene un ánimo meramente recaudador, está demostrado que no produce un cambio en el consumo energético, y afecta directamente a las familias, autónomos y pymes.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, presentado recientemente por el Gobierno de España, prevé una subida de 3,8 céntimos por litro. En España hay 17 millones de propietarios de vehículos diésel, incluidos los 600.000 que compraron su coche diésel en 2017 sin saber "que el diésel tiene los días contados". A ello hay que añadir los miles de hogares españoles, especialmente de zonas rurales y aisladas, que utilizan sistemas de calefacción de gasóleo y que verán incrementada su factura los meses de invierno. Adicionalmente, hay más de un millón de agricultores cuya maquinaria está movida por este tipo de combustible: 62.000 cosechadoras, 280.000 moto máquinas y 1.100.000 tractores, entre otras.

Además, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) más de 200.000 autónomos trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas y 20.000 repartidores. Pero también hay 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera de profesionales que requieren el uso de su vehículo como una herramienta imprescindible para su trabajo.

La ministra de Hacienda ha asegurado que "los profesionales quedarán exentos", pero cuando ha sido preguntada por cómo se establecerá ese filtro, ha reconocido que sólo estarán incluidos en este beneficio fiscal los vehículos de transporte de mercancías con un peso igual o superior a 7,5 toneladas y a los vehículos ligeros con autorización. “Estudiaremos medidas para que los profesionales con vehículos ligeros puedan evitar la medida”, ha dicho Montero. Por tanto, por ahora, a los agricultores, a los ganaderos, a los taxistas y otros autónomos sí les afectará la subida fiscal.

En la misma línea, el gobierno tripartito municipal que lidera Óscar Puente ha subido los impuestos municipales a miles de vallisoletanos que poseen y utilizan un vehículo diésel para sus desplazamientos, como fórmula de penalización de ese combustible. Hoy miles de vecinos, propietarios de vehículos diésel con una emisión por debajo de 120 gramos de CO2 por kilómetro, han visto como de la noche a la mañana han pasado a pagar entre 52 y 135 euros más de impuestos al ayuntamiento regentado por un tripartito de izquierdas. Y eso que, de manera responsable, habían decidido adquirir un vehículo que cumplía la más estricta normativa europea contra la contaminación, la conocida como EURO6, y abandonaron vehículos seguramente mucho más contaminantes, tanto en emisión como en consumos de combustible. Con esta medida el gobierno municipal de Puente recauda más de 500.000 euros a mayores castigando a los que menos contaminan.

Los vecinos de Valladolid con vehículo diésel se han visto seriamente perjudicados por la subida del impuesto de circulación por parte de Puente, aspecto que se va a agravar por la subida del precio del combustible por parte del gobierno de Sánchez. Los gobiernos socialistas, en su tendencia habitual, suben los impuestos a los vecinos. Y de manera especial aquellos impuestos de naturaleza indirecta que tienen menos aplicación progresiva. Lo mismo paga un vecino con más recursos económicos que el que menos tiene. Incluso el que tiene más recursos puede comprarse otro vehículo o cambiar el sistema de calefacción que otros, en peor situación económica, no pueden. La pretendida política social de Puente y de Sánchez es una ensoñación con subidas de impuestos como éstas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su concejal Portavoz Antonio Martínez Bermejo, propone al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid para su consideración la siguiente

MOCIÓN

1.- El Ayuntamiento de Valladolid acuerda:

1.a) Instar al Gobierno de España a que renuncie a incrementar el gravamen sobre el diésel, al menos, hasta que se produzca una transición ordenada de tecnologías, por el impacto negativo que tiene sobre el empleo y sobre las clases medias y colectivos más vulnerables, así como sobre los profesionales autónomos.

1.b) Que solo cuando finalice ese periodo de transición, si se persiste en la intención de subir el impuesto al diésel, se garantizará que quedan excluidos del mismo todos los autónomos y profesionales, sin discriminación de ningún sector, y todos los colectivos vulnerables.

2.- Del mismo modo y de manera coherente con el apartado anterior, el Ayuntamiento de Valladolid también acuerda iniciar la modificación del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de forma esencial del apartado 6 del artículo 7º, y aprobar así la siguiente bonificación del impuesto: “6.- Gozarán de una bonificación del 75% de la tarifa fijada en el artículo 5 de la presente Ordenanza Fiscal los vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) como carburante o cualquier combustible que cumplan la normativa de la Unión Europea EURO6 y disponga de emisiones de hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro.”

En Valladolid, a 28 de enero de 2019

Antonio Martínez Bermejo

Concejal-Portavoz del Grupo Municipal Popular PP


Resultado de la votación:

El punto 1.a ha sido rechazado por 14 votos a favor (PP, Cs y el concejal no adscrito) y 15 votos en contra (PSOE, VTLP y SIVA).
El punto 1.b ha sido rechazado por 13 votos a favor (PP y Cs) y 16 votos en contra (PSOE, VTLP, SIVA y el concejal no adscrito).
El punto 2 ha sido rechazado por 13 votos a favor (PP y Cs) y 15 votos en contra (PSOE, VTLP y SIVA) y 1 abstención del concejal no adscrito.